El ministerio de salud ordenó a la superintendencia del ramo una investigación para definir si corresponde sancionar a las clínicas Hospital del Profesor, Dávila e Indisa. Ello, tras las denuncias de dos casos, hechas por los diputados Felipe Harboe (PPD) y Karla Rubilar (RN), en los que estos centros habrían rechazado cheques en garantía de pacientes porque el predictor de riesgo que les asignaba Dicom era muy elevado, debido a moras o protestos.

Por su parte, en las clínicas mencionadas indican que la utilización de Dicom es una práctica extendida en el sistema de salud privado, aunque señalan que sólo se hace cuando se trata de hospitalizaciones, y no en casos de urgencias vitales.

En Clínica Indisa dijeron que “todo paciente recibe atención en el servicio de urgencia, sin condicionarla a ningún medio de pago”.

El Minsal afirma que, ya que esta situación escapa a las prácticas conocidas hasta ahora, no está contemplada ninguna sanción explícita, por lo que debe hacerse una investigación y evaluar cambios a la ley que rige la información comercial.

Según el ministro de Salud, Jaime Mañalich, este tipo de hechos no se justificaría porque "en Chile la gran mayoría de las atenciones está garantizada por ley, lo que hace que no tenga sentido evaluar el riesgo de las personas al momento de financiar sus atenciones de salud, porque están respaldadas por seguros de salud".

Tanto Fonasa como las isapres se hacen cargo de la mayor parte de los gastos médicos de los pacientes cuando necesitan intervenciones de salud. (El Mercurio).