El presidente de la Asociación de Isapres, Hernán Doren, criticó el sistema de financiamiento propuesto por la comisión técnica de salud, instancia convocada por el presidente de la República con el fin de reformar el sistema de salud chileno.

Una de las “columnas” de las propuestas entregadas al gobierno (apoyada por la mayoría de los miembros del equipo técnico) es la creación de un plan universal de salud para todos los chilenos, financiado solidariamente a través de un fondo compensatorio, en el que el trabajador debe entregar su 6% de cotización y el Estado subsidia a quienes no puedan comprar la cobertura.

Doren señala que tal medida perjudicaría a los beneficiarios de Isapres. “No crea que la gente que va a poner su 6% va a tener coberturas en las mejores clínicas, porque no es así. O sea, tendrán que ser planes cerrados (con atención en hospitales públicos) para poder dar cobertura, sin libre elección".

A juicio de las Isapres, sus usuarios perderán coberturas que luego tendrán que salir a buscar en el mercado de los seguros complementarios. Doren dice que “hoy hay gente que ha gastado $150 millones en un problema de salud. Con esos antecedentes, ¿quién le va a vender un seguro a esa persona? Nadie. Se pierde toda la protección que está incluida en los planes, que son irrenunciables, que están bastante restringidos, que tienen alzas limitadas", a lo que añade que “los usuarios de isapres van a encontrar un doble descreme, porque sólo podrán encontrar fácilmente los seguros los usuarios jóvenes y sin enfermedades. Todo el resto de las personas no los va a encontrar. Y si los encuentra, será a un precio mucho más elevado que hoy".

El representante de las isapres piensa que "la cantidad de recursos que se necesitan para financiar el fondo compensatorio es enorme. Si es el equivalente a lo que hoy se gasta para este plan único, estamos hablando de US$ 5 mil o 6 mil millones al año", por lo que cree que "el gran temor que existe es que se solidaricen los aportes de los cotizantes y no se pongan los aportes del Estado. Esto nos llevaría al peor de los escenarios, porque desaparecería la cobertura extra, la posibilidad de una mejor protección para las personas que pueden pagarla y sin recursos para cubrirlos. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones...". (El Mercurio).