Quinientas mil personas ya fueron traspasadas desde el grupo A al B de Fonasa, del millón y medio que se atendía como indigente.

Poco más de 50 mil casos de garantías AUGE quedan por resolverse, de acuerdo con el mandato presidencial de terminar la lista de espera en noviembre de este año, y en el Gobierno ya se trazan líneas para impedir que estos retrasos vuelvan a surgir.

Fonasa y la Superintendencia de Salud preparan un cambio en la normativa que establece cuándo los casos son considerados "incumplimientos" o "retrasos".

Actualmente, la ley sólo considera "incumplimientos" a los casos reclamados dentro de los quince días posteriores al término del plazo legal.

Como está demostrado que sólo un porcentaje bajísimo de la gente reclama, todos esos casos quedan catalogados como "retrasos", que hacen que el paciente no pueda exigir legalmente su atención.

Es precisamente eso lo que busca terminar el Gobierno. El director de Fonasa, Mikel Uriarte, explica que "el problema (que tenemos ahora) es ubicar a las personas para que puedan hacer su reclamo. Además, estamos trabajando para que las personas que nunca llegan a reclamar no pierdan sus derechos".

"Queremos que desde noviembre (cuando las listas de espera AUGE debieran llegar a cero), si no se cumplen los plazos legales en algún caso, los usuarios tengan garantía legal", afirma.

Sobre los recursos requeridos para mantener en cero las esperas, el director del Fonasa dijo que "existen, lo que pasa es que los hemos ido canalizando a través de las prestaciones valoradas". (El Mercurio).